El año 2017 comenzó con una inesperada polémica en el distrito. El denominado proyecto ArteFacto, un edificio que integra espacios dotacionales con vivienda social que el Ayuntamiento pretende levantar en Valdebebas, provocó de inmediato el rechazo de buena parte del vecindario de este nuevo desarrollo.

Más de 3.000 personas han firmado contra su construcción en una cotizada parcela municipal situada frente al parque forestal de Valdebebas, y muchos reclaman la venta del suelo para costear las dotaciones públicas que necesita este barrio.

Sin embargo, la polémica generada por ArteFacto ha revelado un problema más profundo. La parcela donde se quiere construir este proyecto es la única de propiedad municipal que queda en todo el distrito para vivienda social, aseguran fuentes de la Junta de Hortaleza.

El Ayuntamiento de Ahora Madrid se mantiene firme en su propósito de construir ArteFacto en Valdebebas, según apuntan fuentes municipales, porque no tiene otra opción para edificar vivienda pública en el distrito. Además, junto a este proyecto que albergará 31 viviendas de alquiler social, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) pretende levantar una promoción con otras 250 viviendas publicas antes de 2020 con las que satisfacer a los 14.000 demandantes de vivienda pública que existen en la ciudad de Madrid, apuntó la concejala de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, en el Pleno del distrito de febrero.

Tras dos décadas de constante construcción inmobiliaria, un periodo en el que han crecido enormes desarrollos urbanísticos como Sanchinarro y Valdebebas, en nuestro distrito no queda hueco para una demanda creciente y, en ocasiones, desesperada.

El último gobierno municipal del Partido Popular, con Ana Botella al frente, sacó a la venta tres parcelas de uso residencial en Valdebebas tan sólo dos días antes de las elecciones de 2015 que provocaron el relevo en el Ayuntamiento con la irrupción de Ahora Madrid. Con esta venta, se dilapidó el escaso suelo municipal que quedaba Hortaleza.

Detalle mirador SanchinarroDetalle del edificio ‘Mirador’ de Sanchinarro / Foto Photoleza

FONDOS BUITRES

El estudio Invisibles Hortaleza, realizado también en 2015, concluye que en nuestro distrito existen 2.475 familias que viven con menos de 600 euros al mes. La cifra de los potenciales beneficiarios de la vivienda social contrasta con el reducido patrimonio de la EMVS en Hortaleza: actualmente dispone de sólo 112 viviendas.

Un dato llamativo en comparación con el de otros distritos. En Barajas, que tiene un tercio de la población de Hortaleza, la EMVS cuenta con 250 viviendas. En Villa de Vallecas la empresa municipal acumula hasta 998 pisos. El inventario de la EMVS ha menguado tras un decenio de continuada entrega de promociones a fondos buitres.

Ocurrió en Sanchinarro en 2006, cuando el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó la venta de 300 viviendas públicas al fondo de inversión Lazora, que acabó por encarecer hasta un 35% el alquiler a inquilinos que habían logrado los pisos por encontrarse en riesgo de exclusión social.

LA UVA NO AVANZA

La carencia de vivienda social es un problema enquistado en Hortaleza desde hace medio siglo. Decenas de familias de la UVA y el Poblado de Absorción de Canillas llevan décadas esperando un realojo que nunca llega.

El antiguo IVIMA, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid y renombrado ahora como Agenda de la Vivienda Social, no ha logrado finalizar la remodelación de ninguno de estos dos barrios desde que adquirió ese compromiso a finales de los años 80, heredando la promesa incumplida del franquismo de otorgar una vivienda definitiva a las familias que residían en casas provisionales.

En el Poblado de Canillas, y tras años de retraso, este verano se realojará a 63 familias. En la UVA de Hortaleza la última entrega de viviendas fue el año pasado, y todavía habrá que esperar para la próxima entrega de llaves. De las 1.104 familias que llegaron a la UVA en 1963, apenas la mitad ha sido realojada. La Agenda de la Vivienda Social asegura que antes de verano iniciará la construcción de tres nuevas promociones con un total de 137 viviendas. La remodelación del barrio sigue, por lo tanto, avanzando a ritmo de tortuga.

Poblado CanillasViviendas del Poblado de Absorción de Canillas / Foto Sandra Blanco

PRECARIOS SIN TECHO

Hortaleza no es barrio para familias con pocos recursos económicos, como demuestra el precio de la vivienda en el distrito. Pero tampoco para trabajadores con sueldos bajos. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, cuando el precio del metro cuadrado se duplicó en apenas un lustro, se produjo una diáspora de jóvenes a otras localidades ante la incapacidad, a pesar de tener ingresos, de afrontar una hipoteca en su barrio.

En zonas como Sanchinarro incluso la vivienda protegida, donde entraron constructoras camufladas como cooperativas por su alta rentabilidad, resultaba inalcanzable para sueldos mileuristas. Tras la crisis, la situación apenas ha cambiado.

El precio de la vivienda en Hortaleza aumentó un 1,4% durante 2016, según la web Idealista, un incremento inferior al del conjunto de la ciudad (3,6%). La situación es similar con el precio del alquiler, que subió un 5% en el distrito el año pasado, frente al 15,6% en Madrid.

Sin embargo, en las zonas tradicionalmente más baratas de Hortaleza han registrado un notable aumento del precio. Apartamentos que hace unos años se podían alquilar por menos de 400 euros al mes, ahora logran inquilinos que pagan una mensualidad de 700. Para los trabajadores precarios, la posibilidad de conseguir techo en su barrio cada vez es más reducida. Y el peligro de la gentrificación, término que se utiliza cuando una zona residencial se revaloriza tanto que provoca la expulsión de sus habitantes originales, se asoma por nuestras calles.

Parque Santa Mar aPanorámica del barrio Parque de Santa María / Foto Sandra Blanco

LLEGA LA GENTRIFICACIÓN

Un ejemplo evidente lo encontramos en la zona de Parque de Santa María, donde una gran mayoría de las viviendas, construidas por la familia catalana Miarnau en los años sesenta, son de alquiler.

Seis eran las inmobiliarias que se encargaban de su gestión hasta que tres de ellas vendieron su parte en septiembre del 2015 a Picton Investments y Ponca Investments 2015, fondos de inversión propiedad de Valentín Bascuñana, otro empresario catalán. Después de dar un par de meses para adquirir sus casas a los inquilinos que sí disfrutaban del derecho de compra preferente, a finales de enero del 2016, se completó la venta de 799 viviendas en total.

A partir de ese momento, aunque los vecinos fueron informados de la compra con una carta que les aseguraba que el contrato de alquiler y sus condiciones iban a mantenerse igual, cada vez son más los inquilinos a los que, llegado el momento de la renovación, o no les dan opción a hacerlo, o les suben el precio del alquiler 200 euros de una tacada.

Así nació el Grupo de Alquiladas de La Unión de Hortaleza, que se reúne cada dos domingos a las 12 horas en el local de la asociación vecinal (Santa Susana, 55) y se encargan de asesorar a los afectados, de negociar con Medasil Desarrollos (administradora de los fondos de inversión) y de informar a las instituciones y al resto de los hortalinos de lo que está sucediendo en el barrio.

El pasado 4 de marzo, se organizó una Jornada por el Derecho a la Vivienda donde se habló de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la vivienda pública y se contó con la participación de experiencias de organización vecinal, como la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM).

También asistió Raquel Rodríguez, profesora de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que puso sobre la mesa las causas de esta situación: las políticas de vivienda de la época franquista y la burbuja inmobiliaria. “Ahora, han aparecido nuevos agentes como bancos o fondos de inversión que acumulan viviendas para hacer negocio y con quien no se puede negociar”, asegura. Y todo sucede en una ciudad con 153.101 viviendas vacías. El lema “gente sin casa y casas sin gente” continúa vigente.

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