Una década después de aprobarse la construcción de los últimos pisos de realojo del Poblado de Absorción de Canillas, a lo largo de este mes de abril, se reanudarán las obras de las 235 viviendas que culminarán la remodelación del barrio.

Según fuentes de la Agencia de Vivienda Social (el antiguo IVIMA) consultadas por este periódico vecinal, el organismo ha llegado a un acuerdo con la constructora Rubau, adjudicataria de las obras, para que las grúas vuelvan a funcionar en los bloques que se extienden en la calle Castromonte. Rubau, empresa vinculada al caso Bárcenas que habría donado 100.000 euros al PP según los famosos papeles del extesorero popular, mantiene paralizados los trabajos de construcción desde el año 2013 porque reclamaba más dinero al IVIMA.

La Agencia de Vivienda Social no ha desvelado las condiciones del nuevo acuerdo, tampoco los plazos de construcción de las nuevas viviendas, destinadas a realojar a los últimos vecinos y vecinas del Poblado de Absorción de Canillas, la mayoría, ancianos que siguen viviendo en las minúsculas casitas originales de este barrio de casas baratas levantado en 1956.

El pasado mes de marzo, la concejala presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, remitió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, donde reclamaba al gobierno regional la remodelación definitiva tanto del Poblado de Canillas como de la UVA de Hortaleza, los dos últimos barrios de infraviviendas del distrito. El PSOE también ha denunciado reiteradamente la paralización de las obras durante estos tres últimos años en el Pleno de la Junta Municipal, la última vez, el pasado mes de noviembre.

Asociación sin local

Aunque la Agencia de Vivienda Social ha resuelto la paralización de las obras en el Poblado de Canillas, otro problema del barrio enquistado desde hace tiempo sigue sin solución. La nueva asociación vecinal de Canillas, que cuenta con más de 200 socios y socias, denuncia que todavía no ha podido instalarse en el local de la extinta asociación Canillas-San Fernando, propiedad del antiguo IVIMA, un año después de haber solicitado su cesión.

Además, el organismo de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid ha incrementado el precio del alquiler de este espacio, ubicado en el Poblado de Canillas y que permanece sin uso desde hace una década, hasta los 900 euros al mes. Una cifra inasumible para la asociación vecinal, como critica su presidenta, Estrella Martínez: “Es una barbaridad, porque es un local dotacional, no para abrir un negocio”.

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