Sergio Sanz dice que con 30 años le tocó la “lotería”. Ocurrió en 2005, con la burbuja inmobiliaria en pleno auge, cuando fue uno de los afortunados en el sorteo de 300 viviendas de alquiler social para jóvenes que el Ayuntamiento había construido en Sanchinarro. Para Sergio, que tiene un discapacidad y recibe una pensión de 894 euros, era su única oportunidad de formar un hogar en una ciudad con precios desorbitados por la fiebre del ladrillo.
Sin embargo, la alegría le duró poco: en 2010, el Ayuntamiento vendió toda la promoción sin previo aviso con las familias dentro. Desde entonces, Sergio tiene como casero a un fondo buitre, Lazora, que en el momento de la adquisición de las viviendas se comprometió a mantener el precio de los alquileres a los inquilinos, aunque al final lo ha triplicado en algunos casos.
El pasado mes de diciembre, Sergio recibió un burofax en el que Lazora imponía nuevas condiciones, subiendo el alquiler casi hasta los 900 euros y exigiendo un depósito de 2.500 euros para prorrogar el contrato. “Desde que recibí el burofax decidí dejar de pagar el alquiler, porque si me quieren echar tengo que ahorrar para mudarme a otro piso”, explica este pensionista, de 44 años y con un hijo de 8 a su cargo.
Consciente de la inminencia del desahucio, Sergio ya está buscando una nueva vivienda, pero sus limitados ingresos le mandan lejos. Madrid ya no está al alcance de su bolsillo, y la búsqueda se extiende a Guadalajara, Toledo, incluso Ciudad Real. “Yo he nacido en Hortaleza, me he criado aquí y quería morirme en este barrio, pero estos sinvergüenzas me echan”, lamenta.
Sergio Sanz es uno de los afectados por la venta de viviendas sociales a Lazora / Foto Sandra Blanco
PRECIOS POR LAS NUBES
El caso de Sergio no es excepcional en un barrio donde el precio del alquiler no tiene techo: en Hortaleza se ha encarecido un 22% en los últimos cuatro años, según datos de la consultora urbanData Analytics. Además, nuestro distrito fue el que experimentó un mayor incremento del precio de toda la periferia madrileña, un 13%, entre 2016 y 2017, señala Fotocasa.
Un aumento que se puede comprobar a diario en cualquier portal inmobiliario. Hace pocos años, no era difícil encontrar un alquiler en Hortaleza por 400 euros. Ahora es prácticamente imposible. Al cierre de esta edición, el inmueble más barato anunciado por internet era un piso de 47 metros cuadrados y una habitación por 600 euros al mes. La nueva burbuja inmobiliaria, este vez la del alquiler, ya provoca la silenciosa expulsión de vecinos y vecinas con bajos ingresos.
En Hortaleza el precio del alquiler se ha encarecido un 22% en los últimos cuatro años
“No es gentrificación, es una burbuja que de manera masiva expulsa a las personas de sus barrios a un ritmo más rápido con unos precios abusivos. Está pasando en todas partes, y esos desplazamientos de población han empezado, en Madrid, del centro a barrios periféricos. Hortaleza sufrirá una transformación”, advierte Javier Gil, sociólogo de la UNED e investigador especializado en la repercusión del fenómeno de Airbnb, que cuestiona el discurso que atribuye el espectacular incremento de los alquileres en Madrid a la proliferación de pisos turísticos.
Para Gil, la causa está en los cambios legislativos que facilitan la especulación de los fondos de inversión a través de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Somici), como la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con la que el Gobierno de Mariano Rajoy rebajó a tres años la obligación de mantener los contratos de alquiler. Ahora hay más viviendas en pocas manos, y los propietarios pueden subir el precio a los inquilinos en menos tiempo.
BURBUJA ARTIFICIAL
“Uno de los mitos que existen es que la demanda de vivienda es mayor que la oferta, pero existe un monopolio de la oferta y eso permite controlar los precios”, concluye este investigador recordando que en Madrid, a pesar del aumento del precio del alquiler, siguen existiendo decenas de miles de viviendas vacías que no salen al mercado y encarecen la oferta. Sucede en nuestro distrito, por ejemplo en Parque de Santa María y San Miguel, que tradicionalmente eran barrios donde se podía acceder a un piso de alquiler a un precio asequible.
En 2015, el empresario catalán Valentín Bascuñana compró, mediante unos fondos de inversión, 800 viviendas de la zona a los herederos de la familia Miarnau, que las construyeron en los años 60. La mayoría con inquilinos dentro, que descubrieron la operación cuando ya se había consumado. Bascuñana ya advirtió a este periódico que “no era una ONG”, y el incremento de las rentas de alquiler fue inmediata.
Los afectados constituyeron la Asamblea de Inquilinas de Hortaleza para defender sus contratos ante Mediasil Desarrollos, la administradora de los fondos de inversión de Bascuñana, que mantiene vacíos muchos de los inmuebles con el objetivo de revalorizar su precio, apuntan desde este grupo de vecinos y vecinas que no se resigna a abandonar sus viviendas. Como Noemí Fernández, madre soltera y trabajadora a tiempo parcial, que nació y creció en Hortaleza y lleva 14 años pagando un alquiler en Parque de Santa María.
“Hace unos días me informaron por correo certificado que debo entregar las llaves de mi piso en julio. He intentando negociar con ellos pero se niegan en rotundo. Los fondos buitre se han instalado en el barrio y, para que vengan otros, nos ponen en la calle a nosotros”, denuncia esta mujer que, como muchos otros trabajadores, recurre al alquiler porque no puede ni plantearse la compra de una vivienda. El alquiler para ellos tampoco es una bicoca: en España, más de la mitad de la población, la que tiene menores ingresos, destina más del 30% de su renta a pagar la vivienda.
A Noemí Fernández su nuevo casero, un fondo de inversión, no le quiere renovar el contrato / Foto Javier Portillo
‘MOBBING’ INMOBILIARIO
Si el barrio de Parque de Santa María ha acabado siendo atractivo para inversores y nuevos moradores ha sido tras décadas de lucha vecinal que conquistaron equipamientos y servicios básicos, apuntan desde la Asamblea de Inquilinas. Porque nuestro codiciado distrito era, hasta hace no mucho tiempo, uno de los confines de la ciudad.
Un lugar alejado de todo al que llegaban familias humildes al reclamo de la vivienda barata. Como Paco y Paquita, hoy octogenarios, que comparten nombre y techo desde que el Banco Español de Crédito, donde Paco trabajaba de botones, les ofreciera piso en la barriada levantada en las inmediaciones de su Central Contable y de Valores.
“Mi jefe me dijo: tienes novia, ¿no quieres un piso?”, recuerda Paco, que aceptó entonces, a finales de los años 50, trasladarse a la Colonia Banesto de la calle Mesena. “Esto me parecía el paraíso”, cuenta Paquita nostálgica. La pareja sigue habitando, junto a varias decenas de vecinos, los bloques del antiguo banco porque disfrutan de un alquiler vitalicio que compensa toda una vida de trabajo.
Sin embargo, la nueva propietaria de las viviendas, Metrovacesa, intentó a finales del año pasado vaciar la Colonia Banesto para construir una nueva promoción en sus suculentos 160.000 metros cuadrados. La inmobiliaria controlada por el Banco Santander llegó a poner fecha al desalojo de los ancianos, el 31 de enero.
“Pero nos subestimaron”, proclama otra de las vecinas afectadas. Los jubilados se organizaron, prepararon acciones judiciales y acudieron a los medios de comunicación para denunciar el ‘mobbing inmobiliario’ que sufrían, logrando que, de momento, Metrovacesa haya dado marcha atrás a su plan especulativo.
Cesáreo, Enrique y Paco, todos octogenarios, son inquilinos de la Colonia Banesto / Foto Sandra Blanco
SIN ALTERNATIVA
La burbuja del alquiler pone en aprietos a trabajadores con sueldos precarios, pero a las familias sin ingresos las condena, porque tienen poca alternativa en una ciudad sin vivienda social. Según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), actualmente hay 20.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda pública en la capital, mientras en la Comunidad de Madrid existen actualmente 200.000 viviendas vacías.
En Hortaleza, por ejemplo, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento tenía apenas un centenar de pisos el año pasado. Una cifra insignificante después de que el Partido Popular dilapidara promociones con subastas a fondos buitre y suelo público, como cuando vendió tres parcelas de uso residencial en Valdebebas tan sólo dos días antes de las elecciones de 2015.
El actual Gobierno municipal de Ahora Madrid ha anunciado que construirá 250 viviendas publicas en nuestro distrito antes de 2020. Un plazo que no resuelve situaciones desesperadas, como las que gestionan habitualmente en la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM).
En la Comunidad de Madrid hay 200.000 viviendas vacías, según la FRAVM
“El Ayuntamiento no se ha planteado en ningún momento un Plan de Vivienda, todo son propuestas sueltas y pequeños gestos, y ante situaciones de desahucio se propone un albergue, que separa a las familias, una pensión o la subvención de dos o tres meses de alquiler, pero nadie alquila a gente que no tiene una nómina”, critican desde este colectivo que lleva años acompañando a personas expuestas a quedarse en la calle, para las que la okupación de viviendas vacías de bancos y fondos de inversión es su única alternativa a la intemperie.
“La gente que okupa no se puede ni plantear pagar un alquiler, es gente expulsada del mercado laboral que vive, acaso, con 400 euros al mes, y que ha salido rebotada de los planes de vivienda social. Muchas son mujeres que han sufrido o sufren violencia, o que huyen de ella”, explican desde la OFIAM, que lleva años intentando paralizar desahucios en el barrio.
El último fue de una familia de Sanchinarro que vive de alquiler en un piso de la somici Hispania Activos Inmobiliarios, gestionada por el Grupo Azora, propietaria también del fondo buitre Lazora, y sobre la que ha lanzado una oferta de compra el fondo estadounidense de capital riesgo Blackstone, que ya es el mayor grupo inmobiliario privado de España. Al final, se consiguió aplazar el lanzamiento durante dos meses, pero seguramente no será el último: en Madrid, los desahucios por alquiler ya suponen casi el 80% del total, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Viñeta de Agustín Jiménez
