Este mes de mayo expiran los contratos de alquiler social que firmaron hace ya una década cerca de 300 familias de Sanchinarro X, una de las promociones de vivienda protegida que levantó en su día la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y pertenecientes ahora al fondo inversor Lazora.

Los bloques corresponden a una de las promociones de alquiler social con opción a compra que el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), entregó en 2005 a menores de 30 años con riesgo de exclusión social. Si bien cinco años más tarde, en 2010, las deudas de las arcas públicas llevaron al consistorio madrileño a vender 840 viviendas sociales localizadas en las promociones de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Moratalaz, mediante subasta pública.

El fondo Lazora adquirió los inmuebles dentro de un paquete de 630 viviendas distribuidas por la capital (Pavones, Carabanchel y Vallecas) a cambio de 65 millones de euros. Dicha iniciativa se tomó durante el periodo vacacional y sin tiempo para los vecinos para crear una cooperativa y poder pujar por las viviendas, según denuncian los inquilinos. “Se vendieron por debajo de su valor catastral y, curiosamente, solo hubo un pujador, el fondo buitre Lazora”, explica Sergio Sanz de la Fuente, uno de los portavoces de los vecinos de Sanchinarro X.

Ahora, esos contratos han de ser renovados con el nuevo casero, que ya habría anunciado importantes subidas del precio de arrendamiento. A partir de mayo, si estos vecinos quieren seguir alojados en sus casas deberán aceptar una subida de renta progresiva de 68 euros al mes durante el primer año y 300 euros al tercero, como propone el fondo inversor.

Miedo vecinal

Los vecinos se temen lo peor, ya que muchos de ellos apenas tienen para pagar la renta actual al encontrarse en una precaria situación laboral. Aunque Lazora asegura que estudiarán cada subida de manera individual, el miedo entre los vecinos a ser desalojados de los hogares es latente. Asimismo, los vecinos de la promoción X llevan desde todos estos años denunciando la precaria situación en la que se encuentran los bloques.

“En estos cinco años, con el nuevo casero, las viviendas han sufrido un deterioro abismal. Recientemente padecimos la vergonzosa situación de que el agua no era potable y tuvieron que cambiar las tuberías generales, los techos de los garajes se caen, hay ventanas que no cierran. Encima pasamos de pagar 456 euros a 730, de la noche a la mañana”, enumera Sergio. “El antiguo alcalde violó en 2010 la Constitución, permitiendo la especulación privada con viviendas sociales, pagadas con impuestos de todos los ciudadanos”, critica el vecino.

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