Raquel Anula lleva viviendo 46 años en Parque de Santa María, exactamente desde que nació, y todos ellos en régimen de alquiler. Las calles de este barrio la han visto crecer y desde ellas ha luchado siempre para conseguir mejorar las condiciones de sus habitantes, formando parte de la asociación vecinal La Unión de Hortaleza y del Espacio Asociativo UVA de Hortaleza, entre otras. Sin embargo, en los últimos seis años, la titularidad de su vivienda ha cambiado varias veces de manos y los actuales propietarios quieren que se vaya sin darle opción a negociar, pero Raquel quiere quedarse en su casa.

Los padres de Raquel llegaron a la calle Santa Susana en 1972 y comenzaron así a vivir en este barrio del norte de Madrid creado en los años sesenta por la familia Miarnau, que compró los terrenos, construyó las casas y las mantuvo en régimen de alquiler durante décadas gestionadas por diversas inmobiliarias. En aquel momento estaba vigente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964, en la que los contratos se renovaban cada año indefinidamente y las subidas de la renta mensual estaban vinculadas al IPC.

Después llegó la conocida ley Boyer de 1985, que suprimió la prórroga forzosa obligatoria para el arrendador, y más tarde la LAU de 1994, que terminó definitivamente con el modelo de contratos de arrendamiento indefinidos estableciendo una prórroga forzosa limitada a 5 años y una prórroga legal tácita de 3 años. Fue La Unión de Hortaleza quien, cuando entró en vigor la ley en 1995, se encargó de negociar con Administraciones J. Miarnau la manera de aplicar la nueva legislación a los contratos de alquiler de las vecinas y vecinos de los barrios de Parque de Santa María y San Miguel, llegando a acuerdos beneficiosos para ambas partes.

Raquel, de pequeña, en la terraza de su casa, la única que conoce.

En concreto, los padres de Raquel decidieron mantener el precio del alquiler sin subida pactada y rescindir el contrato a los ocho años. Pasado el plazo, en 2003, se rescindió el contrato alquiler y se firmó otro sobre la vivienda de la calle Santa Susana a nombre de su hija Raquel conforme a la ley de 1994, ya a precio de mercado y a renovar cada cinco años.

Durante la década siguiente todo siguió igual y las renovaciones del contrato de alquiler se desarrollaron sin problemas, hasta que en el año 2015 Jorge Miarnau Banús, una de las 100 mayores fortunas del país, puso a la venta todas sus propiedades del Parque de Santa María y del barrio de San Miguel (estando habitadas la mayor parte de ellas, como la de nuestra vecina Raquel). Aquellas en las que sus inquilinos no tenían derecho a ejercer la compra de la vivienda o no quisieron ejercerlo fueron adquiridas por Ponca Investiments y Picton Investiments, ambas sociedades propiedad entonces de Valentín Bascuñana Más, otro empresario dedicado a la gestión de inmuebles a través del fondo de inversión BCapital Partners.

Es en ese momento, hace ya cinco años, cuando se crea la Asamblea de Inquilinas e Inquilinos de Hortaleza, formada por vecinas y vecinos como Raquel, que pretende defender el derecho a la vivienda y que trabaja asesorando a cada caso individual en sus negociaciones con los nuevos propietarios. Desde entonces, el fondo de inversión ha ido incrementando los precios de los alquileres, negándose a renovar los contratos y revendiendo las propiedades adquiridas en 2015 progresivamente. No obstante, la Asamblea ha seguido luchando por defender los derechos de las inquilinas y en 2020 suma fuerzas uniéndose al Sindicato del Barrio de Hortalezacurtido en estas batallas.

El fondo de inversión ha ido incrementando los precios de los alquileres, negándose a renovar los contratos y revendiendo las propiedades adquiridas

En concreto, la casa de Raquel fue adquirida por Picton Investiments y, después de firmar un nuevo contrato con el fondo de inversión en marzo de 2018, su piso fue revendido a finales de 2019. La carta que llegó a su casa informándola de la venta presentaba a los compradores como si fueran particulares, sin embargo, Víctor y Ángel están directamente vinculados a Arrienda Gestión, otro fondo de inversión que ha comprado más propiedades en el barrio.

Al principio todo siguió igual, pero en marzo de 2020 llegó la COVID-19 y el estado de alarma y los ingresos de la cooperativa en la que trabaja Raquel se vieron reducidos drásticamente, lo que supuso también una disminución importante de su salario. Raquel vive sola con su hijo de 16 años y el suyo es el único sueldo que entra en la casa, así que tuvo que acogerse a la huelga de alquileres y pagar durante unos meses el 30% del alquiler.

No obstante, cuando la situación empezó a recuperarse y la economía familiar volvió a permitirlo, Raquel hizo frente a todos los pagos pendientes. También a los arreglos que la casa ha necesitado, ya que desde que sus padres la alquilaron por primera vez en 1972, ninguno de sus propietarios la ha visitado ni ha invertido ni un euro en el mantenimiento y mejora de la casa. «La instalación del gas y la caldera tuve que ponerlas y pagarlas yo cuando nació mi hijo porque hacía muchísimo frío en invierno para un bebé», explica Raquel, ya que las casas no están bien aisladas y son muy húmedas.

En noviembre de 2020, le comunican que no quieren renovarle el contrato de alquiler de tres años que suscribió en 2018. Raquel mantuvo diversos correos dándoles alternativas, como la renovación del contrato o la compra de la vivienda para que pudiesen recuperar la inversión. «Desde el principio les expresé mi voluntad y necesidad de seguir viviendo en mi actual hogar y les ofrecí muchas opciones, incluso encargarme de realizar la mejora energética de la vivienda, pero su respuesta fue un rotundo no», lamenta Raquel.

Entrada a La Unión de Hortaleza, asociación vecinal en la que participa activamente Raquel desde hace años. JULIA MANSO

Así llegamos a marzo de 2021, fecha en la que expiraba su contrato de alquiler y en la que recibió una carta que la citaba en su casa para entregar las llaves de la vivienda. Entonces, Raquel se acogió a la prórroga de seis meses que recoge el Real Decreto-Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

El 4 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-Ley 16/2021, que daba la posibilidad de que en aquellos contratos en los que finalizase la prórroga obligatoria del anterior real decreto antes del 31 de octubre de este año «podrá aplicarse una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor».

En cuanto se enteró, Raquel decidió solicitar esta ampliación de la prórroga. La respuesta de Víctor y Ángel se hizo esperar, pero a finales de agosto le enviaron un burofax diciéndole que no le concedían esa ampliación y que este domingo 12 de septiembre a las 17.00 horas van a pasarse a recoger las llaves de la vivienda.

Ese mismo día el Sindicato del Barrio de Hortaleza ha convocado una manifestación por el derecho a la vivienda bajo el lema ‘Hortaleza no se vende, se cuida y se defiende’ para apoyar tanto a Raquel como a Pili –vecina de la UVA a quien la Agencia para la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid se niega a facilitar una vivienda, a pesar de estar obligada por una sentencia judicial–. Por ello, el Sindicato y la Asamblea hacen un llamamiento a todo el vecindario para que las acompañe desde el comienzo de la protesta en La Unión de Hortaleza a las 16.30 horas hasta su finalización en la plaza de la UVA dos horas más tarde.

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