Hace menos de un siglo Hortaleza y Canillas eran pueblos independientes de Madrid. La capital en plena ola expansiva poblaba, con centros de trabajo y nuevas colonias, zonas que antes eran campos de labranza. El Banco Banesto levantó edificios de oficinas cerca de la actual calle Mesena número 80 y justo al lado, la Colonia Banesto, destinada a sus trabajadores, que “se caían de la cama y estaban en la oficina”. Hubo un tiempo en que no era racional ni necesario gastar una hora para asistir a tu centro de trabajo. Así se conformó, entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, esta colonia formada por 160 viviendas.

En pleno proceso de centralización del capital bancario y previos escándalos de corrupción empresarial de su presidente, Mario Conde, el Banco Banesto fue absorbido por el Banco Santander. Estos vaivenes no impedían que hasta hace pocos años las oficinas siguieran funcionando; era habitual la curiosa estampa en la que se podía ver a nuevos trabajadores del centro de procesamiento de datos desayunando en el chiringuito de la piscina a la que acudían jubilados del banco con sus nietos.

Metrovacesa, inmobiliaria cuyo accionista principal es el Banco Santander, puso el foco en esta colonia de septuagenarios y octogenarios. Para la especulación estos mayores estorbaban. Pagan un modestísimo alquiler y planearon construir pisos caros con los que ganar suculentos beneficios. Debieron pensar que finalmente este vecindario mayor acabaría teniendo que dejar sus casas por dependencia, si no por otras cuestiones.

Metrovacesa acosó a los inquilinos en 2017 para que abandonasen las viviendas

Pero la pálida dama no llega tan pronto como desean los buitres (inmobiliarios) y ya en 2017 empezaron un proceso de acoso a los mayores. Comenzaron a enviar burofaxes para indicarles que debían abandonar sus casas. Destrozaron los pisos que quedaban vacíos. “Aquello era como Irak o Afganistán, daba miedo”, aseguraba Cesáreo, uno de los jubilados que residen en la Colonia Banesto, al relatar cómo quedaron las zonas comunes de los edificios. Además, los derribos provocaban que el frío se introdujese fácilmente en el interior del edificio. Todo esto fue realizado sin licencia de obras, de manera irregular.

Ocuparon el barrio con una “seguridad privada” que los mayores veían según el caso como protectores frente a okupas o como herramienta de presión y espías de Metrovacesa. El vecindario comenzó a visibilizar el acoso al que estaban sometidos y la noticia saltó incluso a la televisión. En paralelo alertaron a la anterior concejala presidenta del distrito, Yolanda Rodríguez, que tras un encuentro con el vecindario manifestó su apoyo a los mayores y obligó a Metrovacesa a reponer los desperfectos ocasionados en las obras realizadas sin licencias. En este caso, legalmente el vecindario tenía las de ganar y su organización hizo replegarse a Metrovacesa.

Tras este repliegue la inmobiliaria tuvo que cambiar de táctica y pasó a un proceso de negociación con los residentes para llegar a un acuerdo y que abandonasen voluntariamente sus casas de toda la vida a cambio de una contraprestación económica muy superior a la planteada inicialmente. Otros han decidido seguir residiendo en la colonia. Algunos, aunque han llegado a un acuerdo, se apenan de que la vivienda social pase a convertirse en pisos de lujo.

En paralelo, Metrovacesa aguarda a que el Ayuntamiento de Almeida apruebe de manera definitiva este plan urbanístico, presentado en junio, para sustituir los edificios actuales por caros pisos nuevos. Más Madrid ha presentado alegaciones, puesto que la ley obliga a realojar a los actuales inquilinos en la propia área de actuación y el presupuesto del proyecto carece de dotación para ello.

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