El pasado 11 de febrero llegaba al domicilio paterno de Patricia, después de cuatro años de espera, la citación para el juicio que examinará la acusación sin pruebas ni testigos de haber agredido a un agente antidistubios de la Policía Municipal ante numerosas personas y un buen número de cámaras de diversos medios internacionales en el desahucio de Azucena y su familia.

En declaraciones a Hortaleza Periódico Vecinal, Patricia, que lleva un mes trabajando en Pontevedra y que durante estos años ha vivido condicionada por aquella acusación tras un acto de solidaridad, ha declarado “sentir alivio al saber la fecha”, aunque no deja de reconocer cierta inquietud.

Apoyos a Patricia

Sin embargo, la inmediata reacción de todos los colectivos y personas que la conocen o simplemente conocieron su caso la ha llenado de satisfacción porque “el que no te olviden después de tanto tiempo no deja de sorprender”. De hecho, se ha creado una dirección de correo para quienes deseen apoyar a Patricia, tanto colectivos como personas, mientras se prepara un comunicado para el que se esperan numerosas adhesiones: patriciaabsolucion@gmail.com

Cabe recordar que la Fiscalía pedía tres años de prisión y una indemnización de 8.900 euros. Hasta la fecha han sido muchos los eventos realizados con el fin de que, en el peor de los escenarios, a Patricia le llegara el mayor apoyo posible.

Desahucio en Manoteras

Este asunto comenzó cuando Patricia acudió el 18 de noviembre de 2011 a la calle Roquetas de Mar respondiendo, como muchos otros ciudadanos, a una convocatoria de la Asamblea Popular del Nudo de Manoteras que pretendía paralizar el desahucio de Azucena, una joven de la que dependían sus tres hijos menores, su madre y la abuela de 87 años.

Un engaño bancario había llevado a esta familia a ser desalojada de su casa en un bloque perteneciente a la Empresa Municipal de la Vivienda. Saltándose cualquier derecho mínimo hacia los menores y los ancianos en una época de frío y sin alternativa habitacional, la Policía Municipal fue el instrumento para dejar en la calle a esa familia.

No les fue fácil porque encontraron una resistencia pasiva y pacífica de personas que se habían solidarizado, así como numerosos medios extranjeros que acudieron para difundir la brutalidad que se estaba llevando a cabo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Azucena y sus hijas fueron apadrinadas por una familia noruega al tiempo que un policía anónimo prestó a Azucena una vivienda fuera de Madrid.

Aquel frío día fue más largo para unas personas que para otras. A Patricia, una joven silenciosa de la Asamblea del 15M de Hortaleza, le llegó la visita por la tarde de unos agentes que se la llevaron detenida y sufrió calabozo. Se la acusaba de haber agredido a uno de los policías. Nadie vio tal agresión, ni las personas que acudieron al #stopdesahucios ni las numerosas cámaras que iban buscando el gesto o la noticia para sus medios.

Desde entonces el proceso se ha caracterizado por dos palabras: incertidumbre y contradicciones. La inminencia del juicio ha mantenido constreñida la libertad de Patricia al tiempo que los informes técnicos se contradecían en delimitar si había rotura o esguince fuera la causa que fuere.

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