El pasado 10 de diciembre esta publicación recordaba la situación de la joven Patricia de Hortaleza. En ella, Cristina Otero sintetizaba los cuatro años de incertidumbre y de miedo de la joven hortalina a partir de una detención sorprendente y una acusación inverosímil. Finalmente, ayer jueves se supo la fecha del juicio, fijada para el próximo 10 de marzo.
Cabe recordar que la Fiscalía pedía tres años de prisión y una indemnización de 8.900 euros. Han sido muchos los eventos realizados con el fin de que, en el peor de los escenarios, a Patricia le llegara el mayor apoyo posible. Sin embargo, es esta la hora de la verdad y de demostrar los compromisos adquiridos por los distintos colectivos.
Cárcel por intentar parar un desahucio
Hay que recordar que Patricia acudió el 18 de noviembre de 2011 a la calle Roquetas de Mar respondiendo, como muchos otros ciudadanos, a una convocatoria de la Asamblea Popular del Nudo de Manoteras que pretendía paralizar el desahucio de Azucena, una joven de la que dependían sus tres hijos menores, su madre y la abuela de 87 años.
Un engaño bancario había llevado a esta familia a ser desalojada de su casa en un bloque perteneciente a la Empresa Municipal de la Vivienda. Saltándose cualquier derecho mínimo hacia los menores y los ancianos en una época de frío y sin alternativa habitacional, la Policía Municipal fue el instrumento para dejar en la calle a esa familia.
No les fue fácil porque encontraron una resistencia pasiva y pacífica de personas que se habían solidarizado, así como numerosos medios extranjeros que acudieron para difundir la brutalidad que se estaba llevando a cabo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Azucena y sus hijas fueron apadrinadas por una familia noruega al tiempo que un policía anónimo prestó a Azucena una vivienda fuera de Madrid.
Aquello era “marca España”. Pero aquel frío día fue más largo para unas personas que para otras. A la joven silenciosa de la Asamblea del 15M de Hortaleza le llegó la visita por la tarde de unos agentes que se la llevaron detenida y sufrió calabozo. Se la acusaba de haber agredido a uno de los policías. Nadie vio tal agresión, ni las personas que acudieron al #stopdesahucios ni las numerosas cámaras que iban buscando el gesto o la noticia para sus medios.
Desde entonces el proceso se ha caracterizado por dos palabras: incertidumbre y contradicciones. La inminencia del juicio ha mantenido constreñida la libertad de Patricia al tiempo que los informes técnicos se contradecían en delimitar si había rotura o esguince fuera la causa que fuere.
Por eso los distintos colectivos del distrito han estado esperando este momento. Es la hora de la solidaridad con quien fue solidaria. Las páginas de este periódico seguirán de cerca todo el proceso. Si hubo dolo y se le atribuyó de forma aleatoria a Patricia una agresión de la que no hubo ni un testigo, la justicia habrá de actuar en consecuencia.
Maremia