La escena se emitió en televisiones de todo el mundo. El 18 de noviembre de 2011, en vísperas de elecciones generales, algunos medios internacionales se acercaron al barrio de Manoteras para retratar el “drama español” de los desahucios. Azucena y toda su familia (seis personas en total, entre ellos tres niños y una anciana) podían perder su hogar, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), por una antigua deuda.

Decenas de activistas y vecinos intentaron impedirlo ejerciendo resistencia pasiva al formar una barrera humana. Entre ellos estaba Patricia, que recuerda perfectamente aquella mañana. “Nos sentamos en el portal y la Policía Municipal nos pidió que nos disolviéramos porque, si no, nos sacarían por la fuerza. Me sacaron por las piernas cuatro agentes, a rastras. Después me llevaron fuera del cordón policial y me pidieron el DNI. Nada más”.

Uno de los policías, al sacar a Patricia, tropezó sin llegar a caer al suelo. “Dejádmela a mi”, dijo airado tras el resbalón, según los testigos. Sus propios compañeros le intentaron tranquilizar. Pero el agente no dejó pasar lo ocurrido.

UNA EXTRAÑA DETENCIÓN

La respuesta vecinal no logró su objetivo, y la familia de Azucena perdió su hogar. Patricia, que hoy tiene 25 años, regresó a su domicilio cuando nada más se pudo hacer. Esa tarde, recibió la visita de una pareja de la Policía Nacional.

La pedían que acudiera a comisaría para prestar declaración porque un agente municipal la había denunciado por agresión. Una vez allí, fue detenida y pasó la noche en el calabozo. “Es una de las muchas contradicciones que tiene el caso”, apunta Eric Sanz de Bremond, abogado de Patricia. Entonces comenzó una pesadilla que todavía no ha terminado.

RELATO SOSPECHOSO

Esta joven, licenciada en Biología y actualmente estudiante de Veterinaria, podría acabar en la cárcel por aquel incidente. A la espera de juicio, la Fiscalía pide tres años de prisión por atentado y lesiones, más 8.900 euros para indemnizar al agente. Una petición más dura que la de la propia acusación, que reclama año y medio. “Lo que quieren hacer con Patricia es un anuncio de lo que viene con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana”, alertó el letrado en un reciente acto en Hortaleza. “Pero la verdad está de nuestro lado”, asegura.

El abogado recuerda que el agente supuestamente lesionado (alega una rotura del coronoides del brazo izquierdo), aparece en los vídeos sin signo de dolor tras desalojar a Patricia. “En su declaración, dijo que no pudo actuar tras la lesión, y aparece en las imágenes sonándose la nariz con el brazo afectado”, señala Sanz de Bremond, que tiene dudas sobre el diagnóstico médico presentado por la acusación.

“Un traumatólogo le dijo que es rotura, pero otro de la misma consulta afirma que es un error, que se trata de un esguince”. Una diferencia que resulta clave, porque mientras la fractura eleva la supuesta agresión a delito, es esguince sería una falta, y evitaría que Patricia fuese condenada a prisión.

“Además, si se trata de un esguince, parece ser que se lo podría haber hecho él solo, tirando como un animal”. En cualquier caso, tanto Patricia como su abogado no tienen dudas sobre el verdadero objetivo de la denuncia: la indemnización que recibiría el agente.

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