El pasado verano, finalizó la construcción de las 63 viviendas con las que culminará la remodelación del Poblado de Absorción de Canillas, 30 años después de que la Comunidad de Madrid comenzara a sustituir las pequeñas casas donde 600 familias, muchas de ellas expropiadas por la dictadura franquista, fueron trasladadas en el año 1956 desde diferentes puntos de la capital.

Las nuevas viviendas llevan listas para la mudanza desde hace meses, y la Agencia de la Vivienda Social del Gobierno regional aseguró el año pasado que se estrenarían antes del 2019. Una vez más, este organismo ha incumplido sus propios plazos, una constante en los últimos años.

La Comunidad de Madrid, gobernada por Ángel Garrido (PP), afirma que el enésimo retraso se debe a la sustitución de las cañerías de la calle Castromonte donde se levantan las viviendas unifamiliares. Un “imprevisto” que no se había tenido en cuenta durante los seis años que duraron las obras.

Últimas viviendas del Poblado de Canillas pendientes de realojo / Foto David Navarro

La construcción de las últimas viviendas de realojo estuvieron paralizadas tres años porque Rubau, la empresa adjudicataria y vinculada al caso Bárcenas por haber realizado donaciones ilegales al Partido Popular, quería más dinero del presupuestado para continuar con los trabajos.

“Nos van a dar la casa cuando nos vamos a morir”, afirma con amargura Jesús, de 86 años, que lleva 62 años esperando el realojo en una pequeña vivienda de 35 metros cuadrados. “Es inhumano lo que han hecho con nosotros”, sentencia Begoña, su mujer, de 83 años y con dos prótesis en las piernas, que resopla al pensar en los 26 peldaños de escaleras que comunican las diferentes estancias de la que será su nueva vivienda.

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