Este jueves 10 de marzo se celebraba en la sala 21 de los Juzgados de los Penal de la calle Julián Camarillo el juicio de Patricia, la joven de Hortaleza que en noviembre de 2011 acudió en apoyo de una familia que iba a ser desahuciada de una vivienda social y posteriormente fue acusada de lesionar a un agente antidisturbios. Desde entonces, ha vivido con el peso de una petición de la Fiscalía de tres años de prisión y 8.900 euros.
La vista duró casi dos horas y media y se caracterizó por la falta de pruebas, por el apoyo social a Patricia (cien personas se concentraron en los juzgados para apoyar a la joven) y por las dificultades de la defensa, que vio como perdía uno de sus testigos por paternidad y cómo el juez no aplazaba la vista y no admitía pruebas y un peritaje al que no se le permitió entrar en la sala.
Concentración de apoyo ante los juzgados de Julián Camarillo / Foto Sandra Blanco
En el interrogatorio, Patricia reconoció haber acudido al desahucio sabiendo que esto suponía una seguir las pautas de resistencia pasiva y desobediencia pacífica, comunes a las cincuenta y ocho personas que fueron identificadas en Manoteras, y de permanecer sentada. Esto fue así pese a que dos policías le tiraron de las piernas y ella se desenganchó del grupo. Los siguientes segundos fueron los cruciales para el juicio pues es ahí donde el policía declara haber sido golpeado, intención que no admite Patricia.
Otro tema es el del diagnóstico y la evolución del dolor por el esguince del policía, según pudo explicar un perito de la defensa. Sin embargo, como señaló Eric Sanz de Bremond, defensor de Patricia, no se cuestiona la lesión ni el dolor sino la causalidad de que fuera el momento en que desplazaban a Patricia lo que le produjera la lesión, máxime cuando el agente continuó desplazando a otras personas y, de hecho, aparece en un vídeo cogiendo un pañuelo con la mano del brazo lesionado después de que Patricia hubiera salido del lugar y hubiera sido identificada. Como destaca la defensa, de haber agredido Patricia al agente, hubiera sido detenida en el momento.
En su informe final, la fiscal mantuvo su posición inicial de culpabilidad añadiendo alguna nota confundida de lo que los testigos habían explicado y la acusación particular, que apenas intervino, se sumó a la solicitud de dos años de cárcel por atentando a la autoridad más un año por lesiones así como a declarar a Patricia responsable civil con una indemnización al policía demandante de 7.300 euros por lesiones y 1.600 por las secuelas.
Estos informes fueron calificados de desproporcionados por la defensa, quien en su informe final insistía en que, si la actuación de Patricia era constitutiva de delito, no lo sería por menoscabo al principio de autoridad sino por resistencia. La propia Patricia reconoció la intención de desobedecer para impedir el desahucio; sin embargo, su caso se ha complicado y las dilaciones indebidas de la propia justicia, de algún modo, ya le han supuesto un perjuicio.
Patricia recibe un abrazo tras salir del juicio / Foto Sandra Blanco
