Sinvivir. Incertidumbre. Con estas palabras, definen su situación los vecinos que viven en una veintena de casitas en el esquinazo entre la carretera de Canillas y Ricardo Ortiz, afectadas por el proyecto de regeneración urbana iniciado por el Ayuntamiento. Este implica su demolición para convertirlo en una zona verde con algún equipamiento público y vivienda protegida, unas obras que el Consistorio quiere empezar en 2023.

En este espacio de 21.474 metros cuadrados que el Plan General de Urbanismo decidió en 1997 que debía ser un parque, se levantan todavía una veintena de edificaciones, donde viven desde hace 50 años familias en diferentes situaciones. La zona carece de asfaltado y alumbrado público, cuando no se convierte en un vertedero, y hace no mucho las gallinas campaban a sus anchas. En un Madrid alicatado hasta el techo, parece una aldea perdida.

Unos vecinos adquirieron el solar hace décadas, y sus casas figuran en el Registro de la Propiedad; otros, cerraron alquileres o cesiones a la antigua usanza, con un apretón de manos. A los primeros se les abonará una cantidad en concepto de expropiación –bastante exigua, se quejan–, a los demás la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) les ofrece realojo.

Sin embargo, aunque el censo de afectados fue aprobado por la Junta de Gobierno municipal el 28 de julio pasado, la mayoría aún no saben ni cuándo ni dónde ni a cambio de qué tendrán que abandonar sus hogares. La queja común es la falta de información sobre un asunto tan trascendental como que echen abajo tu casa.

EXPROPIACIONES EN TRÁMITE

Según informa el Área de Desarrollo Urbano municipal se están tramitando los expedientes de justiprecio con los propietarios de terrenos: tres ya han llegado a un acuerdo, y se están tramitando los pagos, pero nueve no han aceptado y acudirán a un jurado. Otros, confirman, “siguen en tramitación por incomparecencia del titular”. En cuanto a los realojos, fuentes de la EMVS aseguran que aún no se sabe cuál es la situación concreta de cada familia y no hay nada claro, hasta que no haya un censo definitivo. Los vecinos dicen, sin embargo, que hace meses que en sus casas se presentan empleados municipales para ver cuántos viven allí.

Víctor Parra es uno de los residentes con derecho a expropiación del chalecito en el que nació, donde ahora solo vive su madre octogenaria. “Esta casa la hizo mi abuelo hace 60 años, y está en el Catastro”, explica Víctor. “Nos ofrecen una cantidad pírrica de dinero: es un tanteo, esto es como un zoco persa”.

El precio del metro cuadrado por expropiar, al estar calificado como zona verde, ronda los 1.000 euros

El precio del metro cuadrado por expropiar, al estar calificado como zona verde, ronda los 1.000 euros. Hay poco margen de discusión porque “es legal: si te avienes, igual puedes negociar un 5% más o menos, pero, si te vas a los tribunales, no tienes ninguna garantía de conseguir más”. El caso es que, con unas indemnizaciones que no superan los 60.000 euros, no llega para comprar un piso en el barrio.

Víctor lamenta que, tras 25 años sin actuación alguna, “ahora vengan con prisas: por suerte o por desgracia, el progreso trae estas cosas –dice refiriéndose a la necesidad evidente de urbanizar la zona–, pero hagámoslo bien”, y pide “empatía y humanidad” con las personas mayores.

Carmina, de 68 años, tampoco ha aceptado la cantidad que ofrecían a su familia: ellos tienen tres viviendas, un taller que era el negocio familiar y un patio. Allí viven nueve personas, que tendrían que repartirse unos 160.000 euros. “Firmamos que no estábamos de acuerdo, nos dijeron que entonces iríamos a juicio”, explica Carmina, que anda delicada de salud, tiene una pensión mínima y necesita la atención de su hija y su nieta, que viven al lado. “Hace seis meses me ofrecieron un apartamento en Vallecas, pero les dije que qué hacía yo allí, si todos mis hijos viven aquí”.

Josefa Herradón

Vista aérea donde se observa la delimitación del ámbito del proyecto de expropiación en la zona de Josefa Herradón.

REALOJOS FUERA DE HORTALEZA

Nos damos un paseo por la zona unos días después de que la Policía Municipal se presente en las casitas donde viven las cinco familias de etnia gitana, con un montón de niños, alguno de meses, amenazando con cortarles la luz. “Vino la comisaría entera”, se queja Enrique, uno de los afectados, que lleva 28 años viviendo allí. “El Ayuntamiento nos extorsiona. Aquí no hay ni asfaltado, ni alumbrado, llevamos un mes con una tubería del Canal rota y aquí no hacen nada”. Es “racismo puro y duro”, acusa Enrique, que se siente “un ciudadano de segunda”, aunque siempre ha reclamado regularizar su situación.

“Mis hijos van al colegio y al instituto aquí, no queremos marcharnos de este barrio” Enrique, residente

La EMVS, aseguran, les ha ofrecido una vivienda de alquiler social, pero lejos de Hortaleza: en Vallecas, Barajas o Carabanchel. Ellos prefieren algo que puedan pagar poco a poco y que, al final, sea suyo: tampoco les gusta nada Carabanchel, temen por las “malas compañías” que podrían tener sus hijos. “Nosotros llevamos toda la vida aquí, mis hijos van al colegio Luis Cernuda, al instituto, van a perder a sus amiguitos, no queremos marcharnos de este barrio”, expone Enrique. “Lo que quieren es quitar a los gitanos de aquí antes de que acabe el mandato”, resume.

Lo cierto es que la previsión de Desarrollo Urbano es que, “en el primer trimestre de 2023, se hayan pagado todos los justiprecios y se empiece a trabajar en el terreno”. Para ello, hay 1,37 millones de euros en el presupuesto de 2023.

ISLA DE COLOR, UN PLAN DE REGENERACIÓN URBANA

El Plan Especial afecta al triángulo entre las calles de Leira, Josefa Herradón, Desagüe del Canal y Manzanar. Son más de 20.000 metros cuadrados, y en los últimos años el Ayuntamiento ya ha destinado más de 25 millones de euros en ir adquiriendo terrenos. La inversión más elevada de la Junta de Hortaleza para 2022 eran, precisamente, 9,2 millones de euros para estas expropiaciones.

El render que ilustra el proyecto de regeneración dibuja zonas verdes con una lámina de agua, un equipamiento social, y viviendas de protección autonómica (VPA) en la zona de Manzanar. Desarrollo Urbano apunta que no se puede realojar en ellas a las familias porque no están construidas aún, una solución que evitaría el desarraigo, aunque en la legislatura de Manuela Carmena se contempló como la mejor opción.

Sin embargo, los vecinos de la zona, manipulados políticamente por informaciones falsas –reconocían luego– acabaron en el Pleno de la Junta de Hortaleza protestando, pensando que se eliminarían las zonas verdes y se realojaría a familias de Cañada Real.

Josefa Herradón

Infografía del proyecto de regeneración urbana en la zona de Josefa Herradón.

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