El ‘caso Patricia’, a la espera de un juicio inminente

Se han cumplido ya cuatro años del desahucio de Azucena, sus tres hijos, su madre y su abuela, una anciana de 87 años. Aquel 18 de noviembre de 2011, muchos vecinos y vecinas del distrito acudieron al barrio de Manoteras para intentar paralizarlo, de forma pacífica, y defender el derecho a la vivienda de esta familia.

Entre ellos se encontraba Patricia, una vecina del distrito que contaba entonces con 23 años. Como el resto de los vecinos, fue sacada en volandas por los antidisturbios municipales e identificada. Patricia volvió a su casa con la frustración que compartieron todos los allí presentes, la de no haber podido impedir el desahucio.

Diez horas más tarde, fue detenida en su domicilio y conducida a comisaría. La Policía no sólo impidió al abogado de Patricia asistirla legalmente, sino que le comunicó que éste “no había venido” y la privaron de libertad hasta el día siguiente.

Sobre ella recae la acusación de atentado a la autoridad y lesiones, por una presunta fractura a un policía en el brazo izquierdo. La Fiscalía le pide tres años de prisión, el doble de lo que solicitaba la acusación, y una indemnización de 8.900 euros para el agente supuestamente lesionado.

Contradicciones policiales

El caso está lleno de incongruencias: parece ser que hay imágenes posteriores al desalojo de Patricia en las que se observa al policía sacando a otros activistas y resulta del todo extraño que no se produjera la detención en el mismo momento después de la supuesta fractura. Asimismo, ni siquiera los informes médicos realizados sobre dicha lesión coinciden en el mismo diagnóstico, ya que algunos hablan de esguince, lo que transformaría el delito en falta y evitaría que Patricia entrara en prisión.

El hecho es que Patricia vive desde hace cuatro años con una espada de Damocles sobre su cabeza, a la espera de un juicio que estos días parece inminente, y sufriendo, junto con su familia, la desesperación y el miedo de pensar que en un corto espacio de tiempo puede encontrarse en prisión por el mero hecho de defender el derecho a la vivienda de Azucena, sus tres hijos, su madre y su abuela.