Las tres torres de viviendas que se alzan en la calle Mar de las Antillas, construidas para realojar a 108 familias de la UVA de Hortaleza tras 50 años viviendo en barracones, llevan esperando a sus inquilinos desde 2013. Según la Comunidad de Madrid, las mudanzas tenían que esperar a unas obras de urbanización siempre postergadas hasta hace unas semanas, cuando repentinamente se han acelerado para que los pisos puedan estrenarse en abril: justo un mes antes de las elecciones autonómicas y municipales.

“Estamos licitando la construcción de otras 107 viviendas, para continuar con el realojo de más vecinos, y continuaremos en años sucesivos siempre que los madrileños nos renueven su confianza», dijo en febrero Pablo Cavero, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, condicionando el futuro del vecindario de la UVA a los resultados del Partido Popular en los próximos comicios, y omitiendo los reiterados retrasos de la administración regional con los que ha incumplido sus compromisos con el barrio, donde muchas personas han fallecido esperando la nueva vivienda prometida.

Alerta de desahucios

Cinco décadas después, sólo 598 familias de las 1.104 que llegaron al barrio en 1963 han logrado una vivienda digna. Durante este tiempo, las exigentes condiciones que impone el IVIMA para subrogar el derecho a realojo han dejado sin opción a descendientes y familiares de los titulares de las casas originales, abocados a un futuro desahucio.

Cuando se produzcan las mudanzas a las nuevas torres, tres antiguos bloques de la UVA serán derribados, lo que dejará en la calle a cinco familias, algunas con menores a cargo. La Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM) exigió una solución para estos vecinos y vecinas sin alternativa habitacional en una reunión, el pasado 12 de marzo, con la gerente del IVIMA, Ana Gomendio, que se comprometió a dar una respuesta en el plazo de un mes tras estudiar la situación “caso por caso”. Mientras tanto, la OFIAM mantiene, dentro de la campaña ‘Somos la UVA’, los piquetes que organiza semanalmente en la sede del IVIMA para presionar al organismo público a cumplir su cometido, “facilitar vivienda a quien lo necesite”, recuerdan desde la OFIAM.

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