Se han dejado sus ahorros en comprar una vivienda que está construida desde hace un año pero que no pueden estrenar, aunque la sigan pagando. Mientras tanto, esperan una mudanza que nunca llega, guardando los muebles en trasteros, viviendo de alquiler o cobijados por familiares.
Por si fuera poco, el Ayuntamiento les ha obligado a abonar este año el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aunque ni siquiera tengan las llaves de sus casas. Y los recibos no son precisamente baratos: más de 1.000 euros por cabeza. Esta es la desesperada situación de una treintena de cooperativistas de Valdebebas, el nuevo desarrollo urbanístico de la capital, situado en el noreste de Hortaleza. Ellos mismos se consideran “el patito feo” de un barrio atenazado por los problemas judiciales, aunque el caso de la Cooperativa San Isidro llega a límites kafkianos.
Un laberinto jurídico
Estas familias entraron en una ‘promoción encubierta’ hace tres años abonando 80.000 euros de entrada para tener su primera vivienda en propiedad. En noviembre de 2013, el edificio estaba listo para las mudanzas, pero la constructora retuvo la documentación necesaria para lograr la Licencia de Primera Ocupación (LPO).
Fue un chantaje, porque reclamó más de 300.000 euros para pagar el suelo y que debía cubrir el préstamo que suscribieron con una entidad bancaria. Pero ese banco fue absorbido por otro banco que a su vez fue absorbido por otro banco que dijo que no prestaba para pagar suelo. Los cooperativistas, sin embargo, lograron el dinero, pero entonces irrumpió en la trama un personaje decidido a complicarles la existencia: José Ignacio Hernández Obelart, abogado de Luis Ignacio Martínez Alías, conocido como el «recurrente habitual» en Valdebebas, interpuso una demanda contra la cooperativa aprovechándose de las sentencias contra el desarrollo de Valdebebas.
El Ayuntamiento, responsable de los problemas jurídicos del nuevo barrio, les denegó en junio las licencias que necesitaban para entrar en sus casas al existir una medida cautelar dictada por un juez. En este callejón sin salida, la única solución para estas familias pasa por un nuevo Plan de Reparcelación de Valdebebas que debe aprobar el Consistorio de Ana Botella y que había prometido tener listo a finales de 2014.
Salud y dinero
De momento, no hay noticias de dicho plan, lo que aumenta el desasosiego entre los cooperativistas, ahogados por las deudas. Sólo en intereses de demora, cada familia tiene que pagar más de 1.000 euros mensuales mientras no escrituren sus viviendas. La salud también les pasa factura. Ningún caso tan extremo como el de Irene, vecina de Manoteras postrada a una silla de ruedas por una enfermedad degenerativa. Entró en la cooperativa porque necesitaba una vivienda sin barreras arquitectónicas. Pero de momento sigue ‘enjaulada’ en su antigua casa, haciendo frente a todos los gastos con una exigua pensión.
