Incertidumbre. Esas es la palabra que recorre la cabeza de Álvaro y su madre Rosa a diario. Incertidumbre de no saber qué va a pasar. En verano, este periódico vecinal relataba su increíble caso. Rosa, de 48 años, y su hijo Álvaro, de 27, habían perdido la propiedad de su vivienda de la calle Trefacio, en el barrio de Canillas, sin enterarse.

Una deuda del ex-marido de Rosa, del que lleva divorciada desde una década, con la antigua Caja Madrid había provocado un embargo del que Rosa nunca fue consciente. La casa en la que reside desde hace 25 años fue subastada en un juzgado el pasado mes de enero con ellos dentro, vendida a un particular que ahora quiere el piso para especular. Desde hace meses, Rosa y Álvaro están condenados al desahucio.

Caso mediático

Medio año después de aquel artículo nada se ha resuelto. Durante este tiempo, muchos medios de comunicación se han interesado por el caso de Rosa. Su hijo Álvaro ha aparecido en programas de televisión y radio. También periódicos de tirada nacional explicaron su incomprensible situación. Pero la difusión de su situación tampoco ha solucionado nada.

No le parece importar a la persona que quiere expulsar de su casa a Rosa, una mujer con discapacidad que cobra 200 euros mensuales de pensión, con una enfermedad diagnosticada que la impide ser consciente de muchas situaciones cotidianas. Como hace cinco años, cuando recibió en mano una carta dirigida a su ex-marido, y que ella perdió sin abrirla. El sobre contenía la notificación de embargo, pero nunca lo supo. Tampoco su hijo, que lo descubrió hace unos meses cuando la vivienda ya se había vendido a Manuel C.A. El comprador del piso de Rosa, según desveló el diario El Mundo, se dedica a adquirir viviendas en subasta judicial por un precio ínfimo para revenderlas posteriormente aunque las habite gente.

Desahucio aplazado

Hace un par de meses, Rosa recibió otra carta. Era la orden de lanzamiento y lo fijaba para el 30 de octubre. El aviso provocó la inmediata reacción vecinal por la alerta de desahucio. Diferentes colectivos del barrio se movilizaron para paralizar el desahucio con una intensa campaña informativa. La Junta de Hortaleza también medió ante el juzgado para intentar un aplazamiento.

Tanto la presión vecinal como del Ayuntamiento lograron posponer el desahucio al 30 de noviembre. Pero pasada la fecha en casa de Rosa no se ha vuelto a recibir ninguna carta. Lejos de ser una buena noticia, aumenta la incertidumbre. Y la sensación de injusticia.

«No entendemos cómo podemos perder la vivienda así, y al ser un bien ganancial, tampoco entendemos cómo se puede subastar por la deuda de uno de los dos propietarios”, denuncia Álvaro, que todavía no se resigna y sigue peleando para que su madre no se quede en la calle. “Es una vergüenza que no se revierta algo así”, se lamenta el joven.

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