La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, en septiembre de 2018, el expediente de ordenación del proyecto. Al mismo se presentaron del orden de 3.500 alegaciones, batiendo el récord: nunca una actuación urbanística había tenido tanta respuesta ciudadana. Ahora la corporación debe estudiar dichas alegaciones y contestarlas. Junto con ello, el proyecto ha de ser aprobado por el pleno de concejales y concejalas de la corporación. Si es votado favorablemente, para completar el trámite, restará todavía que sea aprobado por la Comunidad de Madrid, que tiene la última palabra.
En paralelo está el proceso judicial: la FRAVM y Ecologistas en Acción han presentado un recurso contencioso administrativo contra el proyecto debido a las numerosas irregularidades que lo adornan. Muy probablemente, en los próximos meses e incluso años, otros actores también acudirán a los tribunales. Entre ellos, a buen seguro, lo harán los reversionistas (los antiguos propietarios de los terrenos que fueron expropiados para hacer las infraestructuras ferroviarias), cuyos intereses no son contemplados.
Así pues, aunque los promotores y defensores de la operación anuncian el pronto inicio de las obras, cabe presumir que no veremos las grúas pronto, sino que la historia se alargará como un chicle.
LOS PAPELES DE LA OPERACIÓN CHAMARTÍN
En los últimos meses, un periódico digital, eldiario.es, ha publicado los papeles secretos de la Operación Chamartín. En ellos encontramos los sucesivos contratos de cesión de los terrenos entre las empresas públicas Renfe y Adif a la sociedad Distrito Castellana Norte (DCN), participada mayoritariamente por el BBVA.
Los papeles rebelan la cadena de favores de las primeras a la segunda. Entre otros beneficios, destaca la venta de los suelos a la mitad del precio de mercado, así como la asunción por las empresas públicas de los riegos asociados a la transmisión.
El riesgo principal no es otro que las eventuales indemnizaciones que los tribunales puedan acordar a favor de los reversionistas. Un favor singularmente llamativo es que DCN pagará el precio en 20 años, es decir, la empresa pública más endeudada de España le concede un préstamo a bajo interés a una sociedad cuyo propietario es el segundo banco de España.
En 2001, los servicios jurídicos de Renfe redactaron un informe en el que aconsejaban a la dirección y al Ministerio de Fomento rescindir el contrato. Aducían para ello que éste era lesivo para el interés público y denunciaban los riesgos a los que se exponían las arcas públicas. Nadie les hizo caso.
RAZONES PARA NO APROBAR LA OPERACIÓN CHAMARTÍN
La evidencia que aportan los papeles secretos es suficiente para parar la operación sin más dilaciones. En efecto, los acuerdos con DCN, o sea, con el BBVA, son contrarios al interés general, pues lesionan las arcas públicas, que son la caja común de todos y todas. Más aun, los papeles aportan información sustancial que aconseja abrir una auditoría.
Por otra parte, el proyecto aprobado inicialmente por el Ayuntamiento -que, por ahora, cuenta con el respaldo de todos los partidos- es, a nuestro juicio, malo. De ahí el abultado número de alegaciones que se ha presentado.
Valga con enumerar algunas de las razones que justifican tan pésima opinión. La operación se basa en una edificabilidad (número de viviendas y de oficinas) gigantesca: solo el centro de negocios constará de más de 20 torres, varias de ellas más altas que las actuales.
El 75% del suelo es público, pero solo el 20% de las viviendas serán protegidas. Se aumentará la congestión de la zona Norte de Madrid, pues a la situación existente se añade el enorme volumen de viajes que originarán la población que resida en el ámbito y las oficinas. No se contempla la conexión del cercanías entre Chamartín y el corredor del Henares, reiteradamente demandada por las organizaciones vecinales de Hortaleza. No se obtiene terreno para satisfacer los déficit dotacionales de los barrios vecinos.
Vicente Pérez Quintana es responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
