El Ayuntamiento de Madrid se está moviendo con rapidez para sacar adelante el proyecto Castellana Distrito Norte, también conocida como Operación Chamartín, antes de las próximas elecciones municipales. Del 18 al 29 de abril se deben recibir y analizar los informes sectoriales, incorporar las posibles alegaciones, redactar el documento corregido y enviarlo a la Comunidad de Madrid para que emita la Declaración de Evaluación Ambiental (que suele tardar meses) y vuelva, finalmente, al Ayuntamiento. El proyecto se quiere aprobar en el último Pleno de Mayo. La información al público se limita al mínimo legal: 45 días.

¿Por qué tanta prisa? El PP quiere dejar atados y bien atados los negocios inmobiliarios antes de las elecciones. No se trata de mejorar el norte de la ciudad resolviendo sus carencias o impulsando actividades complementarias. Con este proyecto se trata, en realidad, de generar un nuevo distrito. Las obras, que afectarían a una superficie de 3.200.000 metros cuadros, comenzarían en 2016 y terminarían en 2036.

Este proyecto comenzó en el año 1993, cuando se firmó el primer convenio entre el BBVA, la constructora San José (dueña del 66% del suelo) y las administraciones local y central. El proyecto estaba ya en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, pero cambios de gobierno, sentencias judiciales adversas y la crisis lo han retrasado. De esta promoción, el 75,5% es del BBVA.

La idea es construir 1.211.000 metros cuadrados de oficinas, 13.000 viviendas y 4.000 viviendas públicas. Para ello, quieren soterrar 220.000 metros cuadrados de vía ferroviaria, volver a remodelar las entradas de conexión con M-30 y M-40, prolongar la línea 10 de metro, añadiendo 3 estaciones, prolongar la Castellana (hasta pasar por Alcobendas y llegar a Segovia), hacer 514.000 metros cuadrados de calles nuevas, tres nuevas estaciones de tren, llevarse las instalaciones del Canal de Isabel II, así como las de la EMT que existen en el terreno que se vería afectado por el proyecto.

Las asociaciones vecinales de la zona y algunos partidos políticos están animando a los ciudadanos a presentar alegaciones individuales para que no se pueda presentar el proyecto en el próximo Pleno.

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