La rapidez en la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a escala internacional provocó que la Organización Mundial de la Salud elevara el pasado 11 de marzo la situación de emergencia de salud a pandemia internacional. Ese mismo día, el Ayuntamiento de Madrid ordenó cerrar las instalaciones municipales.
Dos días después, el 13 de marzo, se adelantó la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España, que se decretó al día siguiente para gestionar la pandemia a nivel nacional. En esta declaración, se adoptó una serie de medidas de limitación de la movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas de nuestro país, con el objetivo de contener el avance del contagio.
El real decreto que declaró el estado de alarma incluye dentro de la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre otros bibliotecas; espectáculos públicos; locales de exhibiciones; auditorios; salas de conciertos, de conferencias, de exposiciones y multiuso; teatros, y actividades recreativas de baile. Establece también que “se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza”.
Sin embargo, a pesar de que tanto los colegios como los centros de mayores y culturales permanecen cerrados desde entonces, el personal de limpieza y los auxiliares de información siguen trabajando. Si bien el real decreto obliga a cerrar dichos centros, la Junta Municipal de Hortaleza, dirigida por Alberto Serrano (Ciudadanos), no ha ordenado que estos trabajadores dejen de asistir a sus centros, y así bloquear contagios.
AUXILIARES DE INFORMACIÓN CON DISCAPACIDAD CONVERTIDOS EN VIGILANTES
Las y los auxiliares de información de los centros culturales contactados por Hortaleza Periódico Vecinal han manifestado su incomprensión frente a la decisión de la Junta Municipal de Hortaleza de hacerlos asistir a sus centros cuando no existe público al que atender y sin EPI para protegerse.
Estas personas, muchas de ellas con algún tipo de discapacidad, se limitan en esta coyuntura básicamente a atender eventuales llamadas al teléfono del correspondiente centro. Afirman que ni siquiera se ha reducido la jornada de manera generalizada.
Auxiliar de información en el centro de mayores Pinar del Rey. JULIA MANSO
No se ha contemplado la redirección de llamadas a teléfonos para evitar la asistencia al centro o el redireccionamiento al número de información municipal 010, puesto que, según ha indicado el concejal presidente del distrito a este periódico, entre sus funciones está “conocer, controlar y vigilar el estado de las dependencias y el funcionamiento de las instalaciones” y esto los ha llevado a considerar que “formen parte de los servicios esenciales”.
El concejal del distrito afirma que “si abandonamos los edificios a su suerte, el riesgo de vandalización y demás es muy alto”
Añade Alberto Serrano que, “si abandonamos los edificios a su suerte, el riesgo de vandalización y demás es muy alto” y afirma que “es el único personal disponible en estos centros y sus empresas consideran que pueden seguir llevándolo a cabo”. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa de integración sociolaboral, Grupo Integra CEE, para conocer su versión, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.
PERSONAL DE LIMPIEZA EN CENTROS CERRADOS
El personal de limpieza está realizando labores de desinfección en los colegios y centros municipales. Respecto al material de protección, el personal contactado manifiesta que sí se les ha suministrado y que lo están utilizando para protegerse.
El personal de limpieza sigue trabajando en el colegio público Luis Cernuda. JULIA MANSO
No obstante, afirman que, desgraciadamente, alguna de ellas ha enfermado por coronavirus y que varias conviven con personas catalogadas como de riesgo frente al virus, y que incluso han tenido que hacer horas extra.
DESPUÉS DEL ENDURECIMIENTO DE LAS MEDIDAS, SIGUEN TRABAJANDO
Estos trabajadores respiraron aliviados el pasado domingo 29 de marzo cuando el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-Ley 10/2020 por el que se pretende reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Este real decreto contiene medidas orientadas a que las personas trabajadoras que no presten servicios esenciales se queden en casa. Los auxiliares de información de los centros de mayores y culturales, así como el personal de limpieza de estos centros y de los colegios públicos, entendió que ya no trabajarían hasta el vencimiento de estas medidas.
Sin embargo, las distintas empresas que prestan servicios en el distrito de Hortaleza en estos centros dieron orden a sus trabajadores de acudir a sus puestos de trabajo, a pesar del real decreto que pretende paralizar la actividad no esencial y de que permanecen cerrados los centros. Además, distintos trabajadores afirman que esta comunicación no les llegó por escrito, sino que fue a través de llamadas, mensajes al teléfono o similares.
Desde la Junta Municipal afirman que han realizado las oportunas gestiones para que, “si hay trabajadores vulnerables, se les otorgue el permiso retribuido previsto por la ley” y que la empresa les ha asegurado que así lo harán.
La Junta municipal de Hortaleza miente. Los trabajadores de Eulen, la mayoría con discapacidad, han sido obligados a continuar yendo a sus puestos de trabajo, sin darles la posibilidad sde derivar las llamadas.
Estos trabajadores, qué son auxiliares, estan haciendo la labor de unos vigilantes de seguridad, puesto para el cual no están cualificados. Ahorrándose la Junta, de este modo, la contratación del personal adecuado para dicha labor.
Con estas medidas, el personal vulnerable se expone diariamente a la posibilidad de contagio, para acudir a centros en los que no se presta ningún servicio.
Salvando casis en que las residencias tengan excedente de personal, los servicios esenciales son para todos, salvo por baja laboral.
Y dado que la actividad se les complca es conveniente adaotar funciones con flexibilidad.
Así es la vida real.