Por poner en antecedentes a quien no conozca este problema, hablamos de una enfermedad mortal para la que existe un tratamiento muy efectivo pero increíblemente caro. La curación se produce en un mes, pero hay una pega: el médico te receta la cura, pero un comité de “expertos economistas” decide si la sanidad pública te administra el medicamento o no, es decir, decide si tú tienes derecho a la vida o no.

En Andalucía y País Vasco se está administrando, pero en el resto del Estado los medicamentos se están dando con cuentagotas y el número de enfermos diagnosticados muertos por no recibirlos crece cada día, lo cual ha llevado a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C a presentar una querella criminal contra Ana Mato y Alfonso Alonso, anterior y actual titulares del Ministerio de Sanidad, por dejar morir a 4.000 pacientes estando el medicamento ya aprobado.

Los enfermos piden que se investigue exhaustivamente quién se esta enriqueciendo con éstas muertes ya que, a pesar de la ley de transparencia, no se puede saber en qué términos se ha negociado con la empresa farmacéutica y conseguido una rebaja insuficiente en los precios, lo que hace que aún no se haya normalizado su distribución.

La polémica que renace una vez más es si la protección de patentes de medicamentos innovadores cumple su objetivo de garantizar que lleguen a todos los que lo necesitan además de proteger la investigación. Más aún, si tenemos en cuenta que los ensayos clínicos, parte muy importante de esa investigación, se han realizado en centros y por médicos públicos, sin que revierta de forma proporcional en nuestro sistema de salud.

Y dentro de este caos, o más propiamente dicho, de este nuevo acoso y derribo de las políticas neoliberales sobre los más elementales derechos, nos encontramos con la vieja, y por otra parte hipócrita, moraleja de que el que protesta airadamente y consigue la atención de los medios de comunicación rápidamente ve solucionado su problema: el comité de “expertos” decide proporcionarle el medicamento para evitar tener que explicar a quién se le concede el derecho a la vida o no, creando un escenario irreal y, sobre todo, injusto en el que alguien se ha arrogado el derecho de evaluar qué muertos son útiles y reportan un beneficio y cuáles no.

Animamos a presentar las quejas por el precio usurero de sus medicamentos a la propia farmacéutica Gilead, cuya sede en Madrid está aquí en Hortaleza, en la Avenida de los Poblados, 3.

Trágicamente, todo esto pone al descubierto la verdadera motivación de tantas y tantas otras “políticas inhumanas”, y la falta de conciencia y honestidad de quienes las están llevando a cabo. La justicia y los derechos son tratados como una mercancía a precio de saldo. ¿Qué no ocurrirá en el denominado “tercer mundo”? ¡Ah! Existen los genéricos.

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