La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo recaer en un veinte de este mes la Declaración de los Derechos del Niño sin considerar que era el mes menos adecuado, al menos en Hortaleza. No se valoró que el frío y la lluvia iban a destapar una de esas imágenes vergonzosas a las que no se quiere dar crédito, la de menores desasistidos y en tutelas desmentidas que duermen ateridos a la intemperie desde hace muchos meses en el parque Isabel Clara Eugenia de nuestro distrito.

¿Cómo algo así iba a pasar desapercibido? Medios como Público o la SER sirvieron de avanzadilla el 27 de octubre antes de que ‘onegés’ conocedoras de las situación dieran el paso. El nerviosismo de la denuncia en un asunto de menores, «un tema muy delicado», no podía esperar por más tiempo (¿o sí?).

Comunicado de la Fundación Raíces y Save the Children

Todo empezó mucho antes del mes once, más bien en abril según los primeros denunciantes, pero fue el día 7 de noviembre cuando la Fundación Raíces y Save the Children hacían públicas «las deplorables condiciones en las que vive un grupo de menores extranjeros no acompañados y tutelados, la mayoría, por la Comunidad de Madrid, en un parque del distrito de Hortaleza». Ambas organizaciones denunciaban el trato que estos menores estaban recibiendo por parte de la Comunidad de Madrid, «que no está cumpliendo con su obligación de protegerles y garantizar sus derechos».

Aquel comunicado desvelaba que algunos de estos menores no llegaban a los catorce años, que estaban a pocos metros de los dos centros de menores del distrito pero no eran atendidos, que había un riesgo real, que sufrían dependencias y que denunciaban agresiones «por parte de algunos trabajadores de los centros» de acogida, razón por la que no querían volver debido a «las condiciones de aislamiento, insultos y agresiones».

Aquel comunicado revelaba prácticas irresponsables con algunos menores como enviarlos a «otras comunidades autónomas con el billete pagado» pero sin nadie que los esperase en el destino o bien a otros menores a los que se dio cama en Arganda del Rey pero comida en la plaza de España.

Ambas organizaciones instaban con carácter de urgencia a la Comunidad de Madrid («como responsable de la protección de los niños en la CAM»), a la Fiscalía («en su labor de defensa de los derechos de los menores»), al Ayuntamiento de Madrid (pidiendo respeto de la policía municipal y agentes tutores), a la Asamblea de Madrid (para que estudie la situación de los menores extranjeros) y al Defensor del Pueblo («que abra una investigación»).

Comunicado de la Comunidad de Madrid

El mismo día 7 el Gabinete de Comunicación hablaba del encuentro de Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia, con los profesionales de los centros de primera acogida de menores Hortaleza e Isabel Clara Eugenia.

Sin embargo, el problema de los menores que pernoctaban a pocos metros de ambos centros no se mencionaba y el comunicado se centraba destacar la profesionalidad de los trabajadores de los centros de menores, «los verdaderos artífices de que podamos prestar una atención de máxima calidad y con un altísimo nivel de especialización», entrecomillaba al consejero.  La prensa publicó que los trabajadores de los centros pedían más vigilancia en los parques y que actuará la Fiscalía. También se explicaba que los menores eran libres de entrar y salir.

Era el momento de los desmentidos y se negaron «rotundamente» las agresiones, se habló de robos, de que no todos eran menores, de que eran competencia de otros (ayuntamiento) o de otras (comunidades). Algunos periódicos incidieron en los robos.

Comunicado de la Junta Municipal

El 15 de noviembre llegaba el comunicado de distrito Hortaleza, la Junta Municipal. El parque era suyo pero la tutela le correspondía a la Comunidad de Madrid. Se habían reunido con la asociación El Olivar, la Fundación Raíces, la Dirección General de Familia, el Área de Salud, Seguridad y Emergencias y el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

El enfoque era la «resolución de la drogodependencia y situación de calle de los adolescentes y jóvenes tutelados por la Comunidad de Madrid». La Junta incidía en la drogodependencia y aludía a los «incidentes que se vienen produciendo en la zona». Sobre este asunto y el papel de la policía municipal, desde la Junta se negaba que los agentes de su competencia les quitaran el abrigo y la comida a los menores del parque.

Comunicado de las asociaciones del distrito

Fue el martes 16 cuando las asociaciones y colectivos del distrito no se contuvieron y la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM) publicó, sin tiempo para que muchas pudieran adherirse al comunicado, una nueva denuncia porque «nada justifica que niños duerman desamparados y desprotegidos en la calle». En este escrito, apoyado por cerca de una treintena de entidades, cuestionaba la criminalización de estos niños «¿máximos culpables o solo unas víctimas más de todo este problema?»

Las exigencias iban tanto para los centros de menores como para la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Junta de Distrito o la Policía Municipal, a la que se hacía responsable de no cumplir con su función con los menores y de quitarles el abrigo y los alimentos a diario.

Tras este comunicado había personas de distintos colectivos que trataban de socorre y aliviar la dureza de la situación de los jóvenes del parque. Tanto en la Tienda Gratis de Manoteras como en el Ateneo Libertario se recogió ropa, mantas e, incluso, alguna tienda de campaña al tiempo que se turnaban algunas peronas para llevar algún alimento caliente al Isabel Clara Eugenia.

Comunicado de los educadores

Al tiempo que los colectivos del distrito expresaban su indignación, los trabajadores de los dos centros de menores movían por las redes sociales un breve texto en el que pedían respeto, apoyo y un trato digno. Para ellos «no es admisible la difusión de dudas, a través de medios y ONG’s sobre una profesión que se encuentra en permanente supervisión por las instituciones judiciales y la administración pública».

Comunicado en Facebook y en algún CEPA

El viernes 18 de noviembre surgía una convocatoria anónima. Era una concentración ante el parque Isabel Clara Eugenia por «lo de los tirores». En las redes sociales se leía que era una «manifestación en contra de los niñatos causantes de la mayoría de los robos que sufrimos últimamente». Afortunadamente fue «todo gente mayor, algún chavalín con pocas luces y muchas cámaras de televisión, pero no pasó nada», según Álvaro.

¿Y los chicos?

Su número siempre ha sido variable; sin embargo, su cohesión es grande, casi con vínculos más fuertes que los familiares. La gran presión que han sufrido en este mes de noviembre los ha llevado a esconderse y ir dispersándose, a pasar de dormir en el parque a «ir de okupas». Las dos únicas chicas del grupo fueron llevadas a la Ciudad Escuela de los Muchachos.

Día a día, las condiciones del parque se han dio endureciendo: al frío se le sumó la lluvia y los espacios de abrigo fueron podado. Los chicos denunciaron que la policía les había quemado unos colchones y que las mantas y abrigos se los tiraban. Algunas personas han acogido a alguno de los menores en su propia casa pese al riesgo de denuncia ya que la tutela corresponde a la Comunidad de Madrid.

El jueves 24 la policía detuvo a una de los jóvenes acusándole de robo con violencia, tras lo que fue llevado a la cárcel de Soto del Real. Paradógicamente, este había sido acogido por una vecina y, a la hora del robo, se encontraba con ella y «han ido a por él por ser el mayor del grupo». Con este panorama, las medias pedagógicas, sanitarias y de rehabilitación se van a diluir ante el ejercicio de la fuerza policial que trasladará el problema a otra zona pero fuera de los focos de atención.

img_6887mantasAmanecer ante el parque Isabel Clara Eugenia / Foto Ana Nafsi

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