Jacqueline llevaba 15 años viviendo en uno de los pisos de realojo del barrio de la UVA de Hortaleza. Compartía la vivienda con su hija, su yerno y el hijo de ambos, menor de edad. Este martes 24 de septiembre, toda la familia fue desahuciada en la calle Aldaya, en uno de los bloques de realojos de este barrio levantado en 1963 con casas prefabricadas. Según la asociación vecinal La Unión de Hortaleza, que ha acompañado a Jacqueline y convocó al vecindario para intentar detener el desalojo, se trata de la primera vez que la Agencia de Vivienda Social (AVS), el organismo de la Comunidad de Madrid que gestiona vivienda pública, desahucia a una familia realojada desde las casas antiguas de la UVA tras obtener legalmente su nuevo techo.

Unas 70 personas se reunieron desde primera hora de la mañana para apoyar a Jacqueline y evitar el desahucio. No lo consiguieron. Según la abogada de Comisiones Obreras que acudió de forma voluntaria era imposible detener el lanzamiento, a pesar de que en la vivienda residía un menor. La Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid justifica el desahucio porque, según su criterio, Jacqueline no es una persona “vulnerable” y “no era la adjudicataria de la esa vivienda”, porque el adjudicatario falleció hace tiempo. La Unión de Hortaleza afirma que el desahucio se ha producido “por motivos administrativos” porque Jacqueline siguió pagando el alquiler de esta vivienda pública incluso cuando la Agencia de la Vivienda Social, el antiguo IVIMA, “dejó de pasarle la cuota hace unos tres años”.

Para desahuciar a Jacqueline y a su familia acudieron cuatro coches de Policía Nacional, dos coches de la Policía Municipal y dos furgones con un total de 35 policías nacionales. Además estaban allí el Samur Social, la seguridad privada de la AVS, los que cambian las puertas y una comisión de funcionarios del antiguo IVIMA que venían a ejecutar el desahucio. Cuando los agentes de policía accedieron al edificio, las decenas de personas congregadas gritaron consignas como “ni gente sin casas, ni casas sin gente” o “vergüenza me daría echar a una familia”. Una vez producido el desalojo, un par de vecinas han ofrecido temporalmente a Jacqueline y a su familia un lugar donde alojarse mientras encuentran un piso donde vivir.

“Lo único positivo de todo este despropósito ha sido la solidaridad vecinal”, destaca la asociación La Unión de Hortaleza en un comunicado en el que recuerda que “hoy ha sido Jaqueline, mañana puede ser un familiar, una compañera de trabajo o tu propia familia”. Según la asociación vecinal, hasta el mismo 23 de septiembre, en víspera del desahucio, estuvieron en contacto con la “dirección de la Agencia de la Vivienda Social para negociar una solución para la familia. “Pero la AVS ha sido inflexible”, lamentan desde La Unión de Hortaleza.

La asociación vecinal recuerda que “Jaqueline llevaba 15 años en el barrio y llegó a su actual vivienda desde las antiguas casas de la UVA dentro del proceso de realojo del barrio”. Un proceso, el de la remodelación de este barrio de infraviviendas, “que lleva décadas de retraso y en el que la Comunidad de Madrid y la Agencia de la Vivienda Social han incumplido todos los plazos y modificado leyes a su antojo, poniendo cada vez más trabas y peores condiciones a las familias”.

“Las casas de la AVS son públicas y para vivienda social y Jaqueline necesita de esta vivienda social, así que lo lógico, lo sensato y lo más eficiente para la administración y para toda la ciudadanía sería que Jaqueline permaneciera en su vivienda”, añade La Unión de Hortaleza en el comunicado.

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