Hay una creciente conciencia de que la acelerada generación de residuos y la concentración masiva de población en las ciudades hacen de la gestión de basuras un problema de importancia capital que ha de ser atendido, regulado y financiado. Un combo perfecto para la aceptación acrítica de la nueva tasa de gestión de residuos (TGR) que, más allá de su pertinencia, se ha impuesto sin debate ciudadano.
El debate público se ha centrado en la fórmula utilizada para realizar el cálculo de la cuantía final para cada domicilio y en la reducción del impuesto de bienes inmuebles (IBI), cuya cuantía debería ser equivalente al coste de la nueva tasa. La fórmula se compone de una parte fija, que tiene que ver con el valor catastral del inmueble, y una parte variable, que tiene que ver con la cantidad de residuos que se genera en cada barrio y el nivel de separación correcta de los residuos. En el caso de Madrid, la fórmula elegida para calcular la tasa da mayor peso al valor catastral del inmueble (parte fija) que a la cantidad de residuos generados y a su separación (parte variable), que es precisamente el espíritu que anima la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que se resume en la famosa máxima de que “quien contamina paga” y que obliga a las corporaciones locales de municipios que tengan más de 5.000 habitantes a incorporarlo en sus ordenanzas municipales.
El Ayuntamiento de Madrid se desmarca de los objetivos primordiales de la ley y aplica un sistema que diluye responsabilidades a la hora de asumir los costes de la gestión y tratamiento de residuos, desvinculando en gran medida el importe final de la cantidad de residuos producidos y su correcta separación en cada domicilio.
El debate ausente que sobrevuela toda la cuestión del nuevo impuesto de basuras es el de cómo se distribuye el gasto
Según diversas fuentes y el propio Consistorio, la nueva tasa supondrá un gasto medio de unos 140 euros por domicilio anuales, con la posibilidad de fraccionarlo con un descuento del 5% desde 2026. En un distrito como Hortaleza, que supera los 200.000 habitantes, y estimando una ocupación media de cuatro habitantes por domicilio, se podría suponer la emisión de 50.000 recibos, que, considerando la media de su importe, equivaldrían a siete millones de euros.
El debate ausente que sobrevuela toda la cuestión del nuevo impuesto de basuras es el de cómo se distribuye el gasto. Se ha hablado de cómo se recauda, de qué criterio se va a usar, de cuál será el coste económico para cada domicilio y otras cuestiones relativas a la recaudación, pero se ha dejado de lado el aspecto del gasto, que ha de estar indisolublemente unido a la recaudación, pues el uno no se explica sin el otro.
Quedan abiertas preguntas principales como si se va a mejorar el sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, si se va a mejorar la frecuencia de recogida, si se van a tomar medidas para la adquisición de bienes libres de envases (puntos de distribución de productos a granel), si se van a facilitar espacios de compostaje comunitario, si se van a instalar más puntos limpios móviles, si se van a realizar contrataciones de personal y a mejorar las condiciones de los trabajadores del sector o si se va a municipalizar algún servicio en aras de mejorar el rendimiento efectivo de los impuestos recaudados.
Vecino del distrito informándose sobre cómo pagar nueva tasa de basuras. MARTA DÍEZ
