Con la llegada de la ‘democracia’, a partir de finales de los 70, la prestación de los servicios públicos municipales empezó a tener la importancia que no había tenido hasta entonces y que se tradujo en una mayor atención y un mayor peso económico en los presupuestos para la dotación de estos servicios y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en Madrid. Esto también trajo consigo el interés de muchas empresas por hacerse con la gestión de estos servicios, a cambio de una buena contraprestación económica.
Así, con la complicidad interesada de los distintos gobiernos municipales, se fue privatizando la gestión de los diferentes servicios públicos en la ciudad de Madrid, como la limpieza, jardinería, infraestructuras, movilidad, alumbrado, servicios funerarios, polideportivos, centros culturales y de mayores, saneamiento, servicios sociales o escuelas infantiles.
Uno detrás de otro, o conjuntamente, fueron cayendo en manos privadas la mayoría de los servicios públicos municipales, llegando a su máxima externalización con las alcaldías de Gallardón y Botella. Los servicios municipales de Madrid están hoy en manos de grandes empresas privadas como ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Dragados o Sacyr, ya que una parte muy importante del presupuesto municipal se salda en estas subcontrataciones de los servicios públicos, a lo que habría que añadir otro 2% (en el 2014 más de un 30%), destinado a la devolución de la deuda de capital.
Deuda y privatización
Desde hace años nos han intentado convencer de que los servicios privatizados eran más baratos y más eficientes, destruyendo, al mismo tiempo, el servicio público y desprestigiando a los empleados públicos. La ‘crisis-estafa’ ha destapado la realidad. La necesidad de ahorrar de los municipios, por la acumulación de deudas tras gestiones desastrosas y tremendamente interesadas vendiendo el patrimonio y los servicios públicos, ha llevado a algunos ayuntamientos a desandar el camino.
El interés para promover la gestión privada es el enriquecimiento de algunos, ya que hay mucho dinero en juego y, con la connivencia de gobierno municipal, que ha promovido durante años esta política privatizadora, se ha generado una corrupción política ya sistémica, moral y endémica, llevada a tal límite, que hasta la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha tenido que intervenir multando a las empresas que hoy se están repartiendo Madrid, con el beneplácito y la manifiesta complicidad del gobierno del Ayuntamiento.
Es evidente que la lucha contra la corrupción pasa por la recuperación y la remunicipalización de la gestión de los servicios públicos, ya que en los ayuntamientos es en donde se han creado y se han impulsado la mayoría de las corruptelas políticas.
Por tanto, la remunicipalización, que apoyan decenas de asociaciones, sindicatos y organizaciones de la ciudad, no sólo es deseable y necesaria, sino posible. Desmontadas las mentiras, ahora han hecho correr otra: la imposibilidad de poder recuperar los servicios contratados, porque supondrían fuertes indemnizaciones. Otra mentira. Los contratos tienen plazos. Los que cumplen su tiempo, pueden volver a ejercerse por el Ayuntamiento de una manera directa.
Son muchos los concursos por un año o dos años. Y los contratos que se dan por más de una legislatura (es decir, que hipotecan a futuros gobiernos municipales), se pueden anular si incumplen condiciones y objetivos, como así está ocurriendo en muchos servicios privatizados. Además con la gestión directa de los servicios se conseguiría el reingreso de plantillas, recuperación del empleo perdido, y generación de nuevo empleo.
Todo esto redundaría también en una menor presión recaudatoria. En los últimos años, los madrileños han sufrido grandes subidas en impuestos como el IBI y precios públicos, así como la creación de nuevas tasas.
Artículo en colaboración con Vicálvaro Distrito 19
